Si una iniciativa ha contado con la participación de prácticamente todos los involucrados en un sector, esa es la referente a la modificación de la Ley de Puertos, misma que podría estar lista antes de que finalice el año.

El proyecto para su reforma fue presentado en abril de 2007 por el diputado federal Alejandro Delgado Oscoy, con el fin de dar una mayor certeza jurídica a las empresas inmersas en la operación portuaria que buscan establecer sus inversiones a largo plazo.

Pero quizás lo más trascendente de este hecho son las bases que se sentarán para el corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura, más ahora que el actual gobierno contempla la licitación de varias terminales, entre las que se encuentran las ampliaciones de los puertos de Manzanillo y Veracruz, nuevas instalaciones para contenedores y autos en Lázaro Cárdenas, otra más en Guaymas, sin olvidar el mega puerto planeado para Punta Colonet.

Y aunque ha pasado más de un año de gestiones y consultas, con el fin de consensuar un marco legal que ponga a México en las ligas mayores para el comercio marítimo, aún faltan detalles que se esperan afinar tras un segundo foro (el primero se llevó a cabo en Altamira, Tamaulipas, en el primer bimestre) que deberá realizarse en Mérida, Yucatán, este mismo mes.

Al respecto, Alejandro Delgado explica que el cabildeo sobre la nueva Ley de Puertos va muy avanzado, en un orden del 70% de los aspectos que se quieren modificar.

“No obstante, en el 30% restante viene lo más importante, pues es donde aún no podemos lograr un acuerdo entre diferentes operadores portuarios y demás gente de las Administraciones Portuarias Integrales; esto deberá quedar resuelto en Mérida”, dice.

A fuego lento

Dentro de los aspectos que pudieran ya estar prácticamente resueltos, se encuentran los temas de planeación a mayor plazo en los puertos, donde los inversionistas puedan tener la certeza de si se les renovará la concesión no en la última quinta parte de su contrato, sino mucho antes, para así aportar mayores recursos en equipamiento y obras.

Asimismo, la idea es que los Programas Maestros de Desarrollo tengan una proyección mayor, de tal forma que no suceda lo que ahora, que sólo unas cuantas terminales pueden recibir a los barcos de nueva generación.

Por su parte, se busca determinar y ordenar las funciones de las APIs en relación con los servicios auxiliares y conexos que se prestan al interior del puerto.

Otro de los puntos donde parece no hay mayores discrepancias, a decir de Alejandro Delgado, es en el caso de los cambios de giro de las terminales, lo cual afecta el mercado por las contraprestaciones pagadas.

“Se trata de que exista una competencia leal y que los procesos de adjudicación se realicen de manera equitativa; es decir, establecer perfectamente cuándo una terminal privada puede pasar a ofrecer un servicio público, de tal forma que no altere las condiciones del mercado existente”, añade.

En ese sentido, comenta que los acuerdos se encaminan a que si alguna terminal quiere cambiar de giro, dicha transición sea dada sólo en caso de que la actividad comercial o servicio que quiera prestar no exista antes en el puerto, y únicamente con autorización de la API.

Ultimos toques

Para Alejandro Delgado, el hecho de que haya existido un cambio de mando en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en pleno proceso de consultas no significó para nada un freno en lo que se ha avanzado de la iniciativa.

“Al contrario, Alejandro Chacón ya sabía de los trabajos que juntó a la comunidad marítimo-portuaria por primera vez desde 1993 y ha dado todo su apoyo; además, ya habíamos tenido un contacto previo, cuando fungía como coordinador de asesores del secretario de Comunicaciones y Transportes, por lo que el tema no le es desconocido ”, comenta el legislador.

Sobre los puntos que han causado diferencias en esta reforma de la Ley de Puertos sobresalen los asuntos de la integración de Comités de Planeación, sobre quiénes deben integrarlo y quiénes llevar la batuta.

Pero quizás el tema más ríspido es el de la ampliación de las terminales, un punto que ni siquiera estaba incluido en la iniciativa inicial, pero que se subió a la propuesta a petición de los operadores portuarios.

“Algunos proponen que las ampliaciones autorizadas sean hasta en un 20% de la extensión inicial, mientras hay otros que opinan que deben ser de hasta 80%”, apunta.

Si todo marcha como está previsto, los últimos toques a esta propuesta estarán listos este mismo mes de septiembre, mandándose al Congreso de la Unión para que sea discutida en el pleno a más tardar en octubre.

Así, México contaría antes de que finalice este 2008 con una nueva Ley de Puertos, caracterizada por haber contado con la opinión de todo aquel que quiso opinar, por lo que difícilmente surgirán reclamos generalizados como sucedió con la Ley de Navegación, de la cual hasta uno de sus artífices se arrepintió de impulsar y que, hasta el momento, queda pendiente su remozamiento a través de reglamento.